Privatización vs interés general
10 de mayo de 2015
Por Ariadna FERNÁNDEZ, Abogada. Socia de APROED.
La privatización de servicios públicos es noticia de actualidad que alarma a todos los sectores afectados. La mayoría de la población tiene el sentimiento, con razón, de estar perdiendo el control sobre todo aquello, que en tiempos de la transición, se consagró constitucionalmente como la función social de la propiedad.
Para abordar este tema es preciso distinguir cuándo estamos ante una privatización y cuando ante una concesión administrativa. El proceso de privatización de servicios públicos no discurre por los mismos cauces jurídicos, aunque a veces se confunda con aquéllas. Como sabemos estas últimas no afectan a la titularidad estatal sobre los bienes o servicios que se ceden, sino que trasmiten temporalmente el uso y/o explotación de lo cedido. La privatización, en cambio, sí implica la trasmisión del dominio público a entes particulares, con todas las consecuencias que implica esta pérdida para el conjunto de los ciudadanos. Dicha distinción resulta necesaria al analizar cada uno de los procesos, que como parte del plan de “crecimiento”, “competitividad” y “eficiencia” puesto en marcha por el gobierno, se han venido desarrollando durante los últimos años...