Peripecias del máster de acceso de la abogacía
17 de junio de 2015
Por Raúl Canosa Usera, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
Durante mucho tiempo se reclamó, en particular desde el mundo de la abogacía, que el acceso a la profesión no fuera, como era tradicional, tan sencillo. En efecto, bastaba la licenciatura para colegiarse y adquirir así la condición plena de abogado. A la postre la situación española contrastaba con la de la mayor parte de los países que disponían algún tipo de filtro, por lo general muy exigentes. Por fin el legislador introdujo dos requisitos: la superación de un máster y de una prueba de acceso estatal.
En principio los filtros previstos debían entrar en vigor tras un plazo de cinco años de vacatio legis y los licenciados que concluyeran tras esa fecha habrían de cursar ese máster y superar el examen. Pero como la entrada en vigor de los filtros coincidió con la transformación de las licenciaturas en grados, con la consiguiente reducción temporal de la carrera de derecho, al final los poderes públicos, tras dudarlo, eximieron a los licenciados de enfrentar tales filtros, manteniendo para ellos el libre acceso a la colegiación.
Mientras tanto las Facultades de Derecho fueron poniendo en marcha los nuevos másteres de acceso, con la obligación de que al menos el cuarenta por ciento de sus profesores fueran abogados. Además son obligatorias las prácticas profesionales, por lo general, aunque no en exclusiva, en despachos de abogados.
En paralelo, el Gobierno central estableció un programa discutible para la primera ocasión en la que el examen hubo de celebrarse. Ese programa más parecía un repetitorio del grado. Por otro lado, se desvirtuó la parte práctica del examen. Todavía queda, pues, mucho por hacer, como ha advertido la Conferencia de Decanos de Facultades de Derecho españolas. Hay que ajustar los contenidos y el modo de verificar los conocimientos de los aspirantes a la finalidad de la prueba, tal y como prevé su norma reguladora.
La complicada organización del máster profesional ha supuesto un verdadero desafío para las Facultades de Derecho, más aún en tiempos tan precarios como los que todavía vivimos. A ello se ha sumado la incomodidad por los vaivenes normativos y las dudas del Gobierno. Esperemos que en poco tiempo seamos capaces, entre todos los interesados, de asentar un sistema de acceso a la abogacía que la dignifique y garantice la mejor prestación de un servicio que activa el ejercicio de auténticos derechos fundamentales.
Y lo más importante, en mi opinión, para las Facultades de Derecho es la ocasión, que han de aprovechar, de conectar con el mundo de la abogacía. Justamente es lo que estamos tratando de hacer en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de la que tengo el honor de ser decano. También los despachos de abogados han de sacar partido de esa colaboración con la Universidades y contribuir a la formación de los futuros abogados que han de acabar trabajando con ellos.
Debo decir que hemos encontrado un generoso apoyo de los grandes despachos, ya muy acostumbrados a recibir alumnos en prácticas, pero asimismo de los despachos medios y pequeños. La prueba de esto último es el convenio firmado recientemente entre la Universidad Complutense y APROED, una destacada asociación que, reuniendo a muchos despachos medios y pequeños, está haciendo gala de una generosidad que en nombre de la Facultad quiero ponderar y agradecer muy sinceramente.